Cerdán, en libertad provisional mientras la Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos

Los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, estrechos colaboradores de Pedro Sánchez, encaran frentes judiciales distintos en el caso Koldo y en la trama de las mascarillas

Los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, viven este miércoles momentos clave en sus respectivos frentes judiciales. El Tribunal Supremo ha dejado en libertad provisional a Cerdán, investigado en la pieza del llamado caso Koldo sobre el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública, mientras que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación en la trama de las mascarillas y solicita 24 años de prisión para Ábalos por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación. 

En el caso de Cerdán, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, considera “mitigado” el riesgo de destrucción de pruebas que justificó su ingreso en prisión preventiva a finales de junio por su presunta participación en una red de mordidas ligadas a contratos de obra pública. Un informe reciente de la UCO apunta a que una empresa vinculada a su entorno habría actuado como intermediaria con Acciona, a cambio de comisiones equivalentes al 2% del importe de las obras supuestamente amañadas. Cerdán abandona así la cárcel de Soto del Real tras casi cinco meses, aunque seguirá sometido a medidas cautelares: comparecencias periódicas, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España. 

La situación de Ábalos se centra en una causa distinta: la relativa a los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión. Anticorrupción sostiene que el exministro de Transportes y su entonces asesor Koldo García habrían favorecido a este proveedor a cambio de comisiones, utilizando información privilegiada y su capacidad de influencia en entes públicos como Puertos del Estado y Adif. El fiscal pide 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, además de multas cercanas a los 3,7–3,9 millones de euros para cada uno, indemnizaciones a las empresas públicas afectadas y el decomiso de al menos 430.298 euros en ganancias derivadas del presunto cohecho. 

El empresario Víctor de Aldama, señalado como comisionista en la trama de las mascarillas, se enfrenta a una petición fiscal de 7 años de cárcel y a una multa superior a los 3,8 millones de euros. La Fiscalía le aplica la atenuante de confesión por la “información relevante” aportada durante la investigación, que incluye documentación y comunicaciones internas sobre contratos y supuestos pagos de comisiones. Según el Ministerio Público, Aldama habría obtenido alrededor de 3,7 millones de euros de beneficio gracias a estos contratos, articulando las operaciones con la promesa de un trato preferente en la adjudicación.

Pese a que ambos procedimientos tienen origen en el entorno político y orgánico del PSOE, se trata de causas separadas: Cerdán figura como investigado en la pieza sobre el presunto amaño de obra pública —la llamada trama del “2%”—, mientras que Ábalos, junto a Koldo García y Víctor de Aldama, afronta ya la fase previa al juicio por la presunta trama de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Las dos investigaciones avanzan en paralelo en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, y marcan el horizonte judicial inmediato de quien fuera la cúpula organizativa del partido en los últimos años.