Dimite el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz
Renuncia tras ser condenado por filtrar información fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso
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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su dimisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo. En su carta al ministro de Justicia, García Ortiz afirma que su renuncia es un “acto debido” a la Fiscalía y a la ciudadanía española, y reivindica haber servido fielmente a la institución con vocación de servicio público y lealtad institucional.
La dimisión llega después de que el Tribunal Supremo le condenara a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la filtración de su confesión de fraude fiscal. La sentencia todavía no ha sido redactada, pero obliga a García Ortiz a abandonar la cúpula de la Fiscalía General del Estado cuando sea notificada.
Mientras se designa un nuevo fiscal general, la responsabilidad interina recae sobre la número dos del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, quien ha defendido la legalidad de su actuación en este caso.
El fallo del Tribunal Supremo se conoció tras una semana de deliberaciones y con el tribunal dividido: dos magistradas progresistas solicitaron la absolución y presentaron un voto particular en contra de la condena. García Ortiz negó en todo momento haber sido el filtrador del correo electrónico que divulgó la confesión fiscal de la pareja de Ayuso, asegurando que la recopilación de correos tenía como objetivo desmentir bulos difundidos por algunos medios y miembros del entorno de la presidenta madrileña.
El fiscal general explicó que su actuación buscaba proteger la integridad de la institución y garantizar la transparencia de los procedimientos judiciales, aunque el Tribunal Supremo consideró que se produjo un delito doloso que conllevó la condena. Ahora, García Ortiz estudia la posibilidad de interponer un incidente de nulidad ante la Sala de lo Penal y, posteriormente, recurrir al Tribunal Constitucional en amparo, aunque con escasas probabilidades de éxito.
La dimisión de Álvaro García Ortiz marca un hito en la Fiscalía General del Estado y deja abierta la incógnita sobre quién asumirá el liderazgo de la institución de manera definitiva, en un momento clave para la transparencia y la independencia del Ministerio Público en España.
