Pedro Sánchez no cumple con los presupuestos

España encara su tercer año consecutivo sin nuevas cuentas 

España afronta de nuevo el inicio del curso político sin un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Ni en 2023, ni en 2024 ni en este 2025 el Gobierno ha llevado al Congreso unas nuevas cuentas, lo que supone tres ejercicios seguidos incumpliendo el mandato constitucional de presentarlas dentro de plazo.

El límite que marca la Carta Magna —tres meses antes de que finalice el año anterior— expiró este martes sin que el Ejecutivo haya iniciado siquiera los trámites previos. La consecuencia inmediata es que los Presupuestos de 2023, aún vigentes, podrían convertirse en los más longevos de la democracia si en enero de 2026 se entra en el nuevo ejercicio sin nuevas cuentas.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este lunes que su equipo trabaja ya en el borrador de los Presupuestos de 2026 y adelantó que «pronto» se llevarán al Consejo de Ministros los objetivos de estabilidad y el techo de gasto, paso necesario para abrir la tramitación.

El incumplimiento del plazo constitucional no es nuevo. Desde 2016 no se cumple la obligación de presentar el proyecto a tiempo. Mariano Rajoy llevó al Congreso los Presupuestos de 2017 y 2018 ya en marzo, y los de 2018 incluso se aprobaron después de la moción de censura que dio el poder a Pedro Sánchez.

Con el actual presidente, el primer intento presupuestario —el de 2019— fue rechazado en la Cámara, lo que obligó a prorrogar las cuentas de 2018 hasta 2020. Posteriormente, los proyectos aprobados para 2021, 2022 y 2023 también llegaron con retraso al Parlamento, aunque la aceleración del trámite permitió que entraran en vigor a tiempo. Desde entonces, no se han presentado más.La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, reiteró este martes que «la intención y el interés» del Gobierno es sacar adelante unas nuevas cuentas, para lo que se mantienen conversaciones con distintos grupos parlamentarios. Según explicó, la previsión es llevar cuanto antes al Congreso los objetivos de estabilidad y el techo de gasto, antesala de los Presupuestos.

El escollo de la estabilidad

El principal obstáculo vuelve a estar en la senda de estabilidad. La ley obliga a aprobar primero el reparto de déficit, deuda y gasto para las comunidades autónomas y corporaciones locales. Ese proceso requiere varias votaciones en Congreso y Senado y puede complicarse por las exigencias de Junts, que reclama mayor margen fiscal para las autonomías.

El Gobierno debería haber aprobado ya esos objetivos junto con el techo de gasto el pasado julio, pero no lo ha hecho. De no prosperar una primera propuesta, el Ejecutivo estaría obligado a presentar otra; y si tampoco fuera avalada, seguirían en vigor los objetivos enviados a Bruselas en 2023, considerados ya desfasados.

Con esos parámetros, y aunque se lograse registrar un proyecto este otoño, el retraso acumulado haría difícil completar la tramitación parlamentaria antes del 1 de enero. En ese escenario, España arrancaría 2026 todavía con las cuentas de 2023, prorrogadas por tercer año consecutivo.