Sánchez tira la toalla ante el desgaste de su Gobierno

El deterioro político, los escándalos judiciales y la crisis de vivienda precipitan el adelanto electoral

Pedro Sánchez adelanta las elecciones y pone punto final a una legislatura que llega a su desenlace marcada por el desgaste del Gobierno, la fragilidad de su mayoría parlamentaria y una creciente dificultad para convertir sus anuncios políticos en acuerdos estables.

Han sido años condicionados también por una sucesión de investigaciones judiciales que han afectado al PSOE y a personas de su entorno político. El caso Koldo, las causas que han alcanzado a José Luis Ábalos y Santos Cerdán y las investigaciones relacionadas con el entorno familiar del presidente han mantenido a La Moncloa bajo una presión constante. Más allá de las responsabilidades que finalmente determinen los tribunales, el coste político de estos episodios ha sido evidente. Sobre todo le ha hecho daño el caso de las joyas de Zapatero.

Sánchez ha construido buena parte de su relato sobre una España que crece, crea empleo y mejora sus principales indicadores económicos. Y es cierto que existen datos que permiten sostener esa visión. Pero hay otra España. La que mira cada mes el saldo de su cuenta bancaria.

Porque una cosa son los grandes indicadores macroeconómicos y otra, muy distinta, la percepción que tienen millones de ciudadanos sobre su capacidad para llegar a fin de mes, comprar una vivienda o pagar un alquiler. La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales del país y sus precios siguen aumentando con fuerza: en el segundo trimestre de 2026 subieron un 12,2 % interanual, según el INE.

Ahí aparece una de las principales contradicciones del relato del Gobierno: se puede hablar de crecimiento económico y, al mismo tiempo, reconocer que sus beneficios no se perciben de la misma manera en todos los hogares.

La debilidad parlamentaria del Gobierno es otro de los elementos que explican el final de esta etapa. El llamado decreto Maricarmen, convertido en símbolo de la respuesta del Ejecutivo a la crisis de la vivienda, ha puesto nuevamente de manifiesto las dificultades de Sánchez para sacar adelante sus iniciativas cuando necesita una mayoría parlamentaria extraordinariamente fragmentada.

El problema, además, no es únicamente que el Gobierno necesite negociar cada medida. Es la sensación de provisionalidad que transmite una legislatura en la que los apoyos parlamentarios parecen depender permanentemente de negociaciones de última hora.

Y entonces surge una pregunta legítima: si después de casi ocho años de gobiernos presididos por Sánchez la vivienda, la protección de los más vulnerables y otras reivindicaciones sociales siguen presentándose como grandes prioridades pendientes, ¿por qué muchas de estas medidas llegan ahora, en el tramo final de la legislatura y con las elecciones a las puertas?

La respuesta del presidente vuelve a apoyarse en una estrategia política conocida: presentar el nuevo escenario electoral como una elección entre dos bloques, entre quienes se atribuyen la defensa de los avances sociales y una derecha a la que se responsabiliza de querer desmantelarlos.

Es una fórmula eficaz para movilizar a los propios, pero también una forma de simplificar un debate mucho más complejo.