El controvertido “Caso Sosa” se enreda en el Parlamento

Mientras Sanidad desmiente a CC y confirma que los cobros de Sosa se ajustan a la legalidad, De la Hoz lamenta que Trujillo no aclare por qué se ha pagado al consejero tránsfuga

El “Caso Sosa” ha protagonizado este martes la sesión del Parlamento de Canarias. En efecto, a pregunta del parlamentario del Grupo Nacionalista Canario, David de la Hoz, sobre la situación administrativa del consejero tránsfuga en el Cabildo de Lanzarote, Juan Manuel Sosa Rodríguez, el responsable de Sanidad, Blas Trujillo, ha negado cobros indebidos del citado consejero, a pesar de que la Dirección General de Función Pública ha informado formalmente a la Consejería de Sanidad de que “no correspondía a la Comunidad Autónoma hacer frente a la nómina de Juan Manuel Sosa, si no, en todo caso, al Cabildo de Lanzarote desde diciembre de 2019”, y que procedía la tramitación de un expediente con el Cabildo para el reintegro a la Comunidad Autónoma de las retribuciones al interesado desde entonces.

Blas Trujillo, en cambio, afirmaba de manera rotunda la legalidad de los cobros que ha venido percibiendo el consejero del Cabildo Juan Manuel Sosa. "Este señor está en situación de servicios especiales por resolución de la Dirección General de la Función Pública que está en vigor", ha afirmado Trujillo quien ha aclarado que Sosa tiene pleno derecho a percibir las remuneraciones que ha venido percibiendo hasta el momento.

"La respuesta del consejero de Sanidad deja bien claro que nunca ha existido el caso Sosa", señalaba por su parte la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo. “Coalición Canaria está empeñada en mantener una campaña de acoso y difamación intolerable cuando la situación económica y administrativa del consejero es irreprochable".

Para los nacionalistas, está claro “que es Función Pública y no el Grupo Nacionalista o Coalición Canaria quien admite pagos indebidos“, puntualizó de la Hoz al que Blas Trujillo insistió en que Juan Manuel Sosa se encuentra en situación de servicios especiales porque es funcionario en virtud de una resolución de Función Pública, „pero no facilita ni transcribe dicha resolución“.

Debe ser, entre otras cosas, porque ningún funcionario de la Comunidad Autónoma tiene derecho a estar en servicios especiales solo por tener un área delegada en un Cabildo, por la sencilla razón de que no existe ese precepto legal y Juan Manuel Sosa no cumple ninguna de las dos condiciones establecidas en el art.42 de la Ley de Función Pública para que así sea, es decir, ser portavoz o miembro único de su grupo.

Tampoco explicó Blas Trujillo si el consejero tránsfuga en cuestión ha seguido cobrando de Sanidad „desde que ésta fue informada por Función Pública de que se estaban produciendo pagos indebidos“.