La dependencia mejora en Canarias

El Archipiélago cuenta ya con casi 66.000 personas en situación de dependencia, 22.000 más que al inicio de la legislatura

Canarias ha experimentado una notable mejora en materia de dependencia durante los dos primeros años de la actual legislatura. A cierre de septiembre de 2025, las islas cuentan con casi 66.000 personas reconocidas en situación de dependencia, lo que supone 22.000 más que en 2023, cuando arrancó el actual mandato.
En solo dos años, se han tramitado más del doble de solicitudes que en el periodo 2019-2023, cuando se registraron 9.307 expedientes, mientras que otros 8.000 quedaron sin registrar.

El Gobierno de Canarias y los cabildos insulares asumen casi en exclusiva el coste del sistema. De cada 10 euros destinados a dependencia, 8 proceden de las instituciones canarias, y solo 2 euros del Estado, que aporta alrededor del 22% del total. Todo ello pese a que la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece que el Ejecutivo central debe sufragar el 50% de la financiación.

Cruce político

Desde la oposición, el PSOE ha puesto en duda las cifras presentadas por el Ejecutivo regional. La secretaria general socialista en Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, aseguró que su partido ha querido “poner blanco sobre negro el limbo en el que se encuentran miles de personas dependientes en Canarias”.
Corujo denunció que el Gobierno autonómico “deja sin ejecutar más de 1.700 millones de euros y rechaza la condonación del 50% de la deuda, mientras abandona a las personas más vulnerables, precisamente a quienes más necesitan el amparo del sistema”.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, respondió defendiendo que el Ejecutivo canario “ha consolidado un avance sin precedentes” en el Sistema de Atención a la Dependencia durante esta legislatura.
Según Delgado, la mejora en la gestión, el refuerzo de personal y, sobre todo, la entrada en vigor del nuevo decreto de dependencia han permitido duplicar el número de personas atendidas, reducir los tiempos de tramitación y superar ampliamente los resultados de la legislatura anterior.
Además, insistió en que “es el Estado quien no está cumpliendo con su parte”. “No puede ser que esta comunidad autónoma esté aportando, entre Cabildos y Gobierno de Canarias, el 78% del coste de los servicios, mientras el Estado solo contribuye con alrededor del 22%”.

Datos desde el Senado

El senador de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, llevó el debate al Senado en octubre, respaldando los datos con cifras del propio Ministerio de Bienestar Social.
Según San Ginés, durante los cuatro años de gobierno socialista se tramitaron 13.000 solicitudes de grado, mientras que en los dos años del actual Ejecutivo ya suman 21.000, “casi el doble en la mitad de tiempo”.
También se refirió a los Programas Individuales de Atención (PIA): “En los cuatro años del Gobierno socialista, dieciséis mil; y diecinueve mil en los dos años del actual Gobierno, un veinte por ciento más en la mitad de tiempo, con récord en agosto, con más de tres mil resoluciones”.

Respecto a los tiempos de espera, el senador recordó que “los dependientes canarios esperaban casi mil días bajo el Gobierno socialista”, cifra que se redujo a 782 días en diciembre de aquel año. “Hoy la media se sitúa en 478 días, 304 menos que antes”, subrayó.

Lanzarote, también en mejora

De las 66.000 personas dependientes reconocidas en toda Canarias, 2.645 corresponden a Lanzarote. De ellas, 1.930 ya tienen concedida la prestación y otras 715 se encuentran en el último trámite administrativo.

“La situación es muchísimo mejor que en 2023”, afirmó Concepción Ramírez, directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias.
Actualmente, en la isla hay 320 personas esperando el reconocimiento de grado, una cifra todavía alta, pero significativamente menor a la de hace dos años. Ramírez explicó que el nuevo procedimiento único agiliza la evaluación: “Vamos al domicilio una sola vez y resolvemos grado y prestación el mismo día”.

La responsable autonómica detalló además que 103 personas esperan una revisión de grado y otras 232 ya fueron visitadas y aguardan la segunda evaluación.
A su juicio, el anterior Gobierno socialista “priorizaba los datos antes que las personas”.

“Para el Gobierno anterior parecía más importante no incrementar la lista de espera que resolverla. Para mí, son más importantes las personas que los números”, concluyó.