¿Por qué la acampada del 'Parque Viejo' se permite y en otros lugares no?
Las tiendas permanecen sin autorización formal mientras sus promotores reivindican el derecho a la vivienda en Lanzarote
- Lancelot Digital
El Parque José Ramírez Cerdá amaneció este miércoles con una estampa diferente. El Quiosco de la Música y el Castillo de San Gabriel mantenían la imagen habitual del conocido como "Parque Viejo", pero varias tiendas de campaña instaladas en plena explanada llamaban inevitablemente la atención.
Con carteles improvisados reclamando una vivienda digna, los participantes se han sumado al movimiento que comenzó en Madrid tras el desahucio de Maricarmen y que ha llevado a cientos de personas a acampar en la Puerta del Sol. En Lanzarote, la protesta pretende convertirse en un espacio permanente de organización en torno al problema de la vivienda.
La pregunta surge inmediatamente: ¿por qué esta acampada puede mantenerse cuando acampar libremente en espacios públicos está, con carácter general, sometido a restricciones?
Lancelot Televisión ha realizado consultas a las distintas administraciones y organismos implicados ante una situación que presenta un complejo encaje jurídico. Los promotores no habían tramitado previamente una autorización formal para instalar las tiendas.
La clave está en que sus participantes presentan la concentración como parte del ejercicio del derecho fundamental de reunión y protesta. Esto abre el debate sobre hasta dónde alcanza ese derecho y cuándo una protesta prolongada pasa a convertirse simplemente en una acampada sometida a las normas ordinarias de ocupación del espacio público.
De momento, las tiendas continúan en el Parque Viejo y sus integrantes han anunciado reuniones y asambleas para organizar nuevas acciones.
La protesta coincide, además, con una semana en la que la vivienda ha vuelto a ocupar el centro del debate nacional.
Por un lado, Sareb, controlada mayoritariamente por el Estado, ha adjudicado a Aliseda, gestora vinculada a Blackstone, un contrato de 52,45 millones de euros para gestionar activos inmobiliarios, incluidas viviendas, hasta diciembre de 2028, prorrogable hasta 2030. Blackstone es precisamente uno de los fondos que Pedro Sánchez ha situado dentro de los denominados "fondos buitre".
Y, por otro, los datos sobre propiedad residencial muestran que los grandes tenedores representan una parte minoritaria del parque español, mientras la inmensa mayoría de las viviendas continúa en manos de pequeños propietarios.
Entre tiendas de campaña, protestas y nuevas medidas políticas, la vivienda vuelve así a convertirse en uno de los grandes focos de debate social y político, también en Lanzarote.
